LA CONDONACIÓN DEL CAE ES UNA NECESARIA HERRAMIENTA DE REPARACIÓN
"Debemos ayudar a aquellos que el Estado ha perjudicado. Es hora de borrar las deudas de miles de personas que pidieron prestado modestamente para su educación superior, pero terminaron en dificultades financieras debido a un sistema de créditos mal pensado por estar desarticulado de la realidad universitaria y laboral”.
“La condonación del CAE es justa. Porque la implementación del CAE fue una política pública que hizo daño, es la política pública la que debería trabajar para revertirla”
La cita
corresponde a una afirmación hecha por el rector de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano Álvaro Ramis en un artículo publicado en el diario La
Tercera y reproducido en una revista de la propia Universidad.
Con ella,
implícitamente, hace un símil con la consabida frase que justificaba y daba
fundamento a la reparación que el Estado democrático debía hacer al daño
provocado por el Estado fascista, en materia de violación a los derechos
humanos.
Por
cierto, ambos daños no son, ni de lejos, comparables, pero en este caso la
dimensión política es más fuerte porque el daño lo provocó el propio Estado
democrático.
Respecto
de ello, el mismo artículo pone énfasis en el costo que han pagado, y aún pesa
sobre los hombros de los muchachos que abandonaron los estudios sin haber
completado su carrera, todos los cuales pertenecen a los estratos más bajo de
la sociedad, porque el ingreso y permanencia de los pobres en la educación
superior, dice relación no sólo con el pago de los aranceles, sino que tiene
causas más estructurales.
En efecto, según la pluma del Rector: “la morosidad y el impago del CAE dejan una mancha duradera en los registros crediticios, impidiendo que la gente afectada acceda a créditos hipotecarios, pueda arrendar un departamento y les dificulta la obtención de un mejor empleo”.
Por otro
lado, agrega la autoridad universitaria, cobrarles es costoso para las propias
universidades y muchas veces el crédito lo pagan las mismas instituciones de
educación superior en tanto fiadoras en última instancia.
Entonces,
al permitírsele a estas personas afectas a la condición de morosidad, volver a
tener acceso al crédito, a la vivienda y al mercado laboral, la condonación del
CAE puede tener un efecto real en sus vidas y en la economía del país.
Según
datos emanados del Gobierno, los desertores que aún tienen deuda serían 176.289
personas y el costo de su condonación alcanza a los US$ 1.240 millones (0, 4%
del PIB). Una cifra manejable administrativamente.
Esta
propuesta de condonación o cualquier otra de las varias que circulan en el
ambiente, debiera ir acompañada de una nueva política de financiamiento de
aranceles, para implementarse, dosificadamente y en un tiempo prudente, pero
que al final “dialogue” con la gratuidad, para que el problema no se vuelva a
presentar en el mediano y largo plazo.
Considerando
también que, tan sólo hasta el año 1981, la universidad era casi gratuita.
Esta propuesta debería considerar también a los deudores morosos o no,
que no responden a la categoría de desertores.
EDITORIAL
CASA QUINTIL
30 DE MARZO 2024
CON AMBOS PIES EN EL GOBIERNO ….Y EN LA CALLE TAMBIÉN
Ninguna medida de política pública, sea ésta
implementada administrativamente desde el Gobierno, o, en colaboración con el
Congreso, es neutra es materia de los efectos que provoca en la sociedad
civil.
En razón de ello, por definición, las políticas
públicas son el resultado del equilibrio de la
interacción ejercida por personas, organizaciones e instituciones que reconocen
domicilio en uno o en ambos ámbitos: la sociedad y el Estado (en términos más técnicos la sociedad civil y la sociedad política)
Esta interrelación está mediada por personas,
instituciones, organizaciones, grupos o conglomerados de personas que
representan identidades de intereses; y en algunos casos posturas ideológicas.
Hay, por otra parte, personas o conglomerados de
personas que existen o se constituyen únicamente (o primordialmente), para
ejercer esta acción; son, los lobistas, partidos políticos, gremios,
sindicatos, medios de comunicación, entre otros.
Así funciona, en teoría, el sistema político
reconocido como democracia representativa, el instrumento utilizado para
traspasar y ejercer la representación son las elecciones.
La armonía que el sistema persigue, se ve
frecuentemente alterada, por las presiones que se generan en su interior en una
sociedad de clases, siendo lo más recurrente el conflicto.
Esta propensión al conflicto puede verse
peligrosamente reforzada cuando los representados perciben que, quienes ellos
eligieron para representarlos cambian de bando o dejan de representarlos, por
las razones que sea.
Se sienten entonces con el legítimo derecho a protestar. Por otra parte, la protesta es reconocida y forma parte del modelo.
Y cuando ello sucede la política rebasa los canales y escenarios regulares, expresándose preferentemente “en la calle” con los ciudadanos directamente involucrados demandando consecuencia, defendiendo sus derechos y protagonizando lo que en teoría se conoce como la protesta social.
Si la armonía no se recupera la protesta puede incluso escalar, generando, entre otras consecuencias, formas de vandalismo, cuando los liderazgos políticos son rebasados.
La generalización de este fenómeno ya lo vivimos hace poco tiempo.
Las posibilidades que ello vuelva a ocurrir son mayores, cuando, las demandas siguen vigentes, y los partidos populares han descuidado peligrosamente el permanente vínculo con sus bases, así como la llamada “cultura de masas”, transformándose en organizaciones de
elite.
EDITORIAL
CASA QUINTIL
23 DE MARZO 2024
SOLICITAR LA PRESENCIA, EN LAS CALLES, DE JÓVENES QUE RECIÉN SE INICIAN EN EL USO DE LAS ARMAS ES POPULISMO
En la ciudad, sacar los militares a las calles no es una medida eficiente para controlar el crimen organizado. Lo dicen los expertos civiles que han opinado sobre el tema. Nos percatamos de ello las raras veces que su opinión permea el debate y la prensa hegemónica
Algunos van más allá, agregando incluso, que el efecto puede ser contraproducente, e irradiar un temor generalizado que lo padecerá el conjunto de la población.
Los militares tampoco quieren hacerlo, eso también lo sabemos, aunque por razones obvias su voz está ausente del debate.
Se trata, por tanto, de una típica expresión de lo que en política se cataloga como populismo. Por ello, en un período pre eleccionario, los candidatos estarán tentados a incorporarla en sus discursos y campañas.
La tentación de hacerlo aumenta por cuanto, el temor de ser víctima (él, ella o alguien de su entorno) está incorporado en la percepción de la gente, y también lo está una peligrosa ausencia del Estado en la solución.
Será por tanto éste un eje de los temas de campaña en las elecciones que se avecinan.
Se exigirá en el relato de todos que el Estado se haga cargo del problema, sobre todo considerando que la potente acción llevada a cabo en la modernización y aumento de contingente y equipamiento de las instituciones que tienen a su cargo la seguridad social, aún no da sus frutos. Los episodios se suceden cada noche y la prensa hegemónica hace de ellos cada mañana un festín.
Si, sacar a jóvenes que recién se inician en el uso de las armas a las calles para vigilar la ciudad no es la solución. Entonces ¿cuál es?
Apelamos nuevamente a lo que los expertos nos han sugerido (considerando a ex militares y civiles que han tenido acercamiento a la seguridad social desde la seguridad nacional, exministros de defensa incluidos).
Enunciamos aquì, algunas ideas centrales, que desarrollaremos próximamente.
1.- Se requiere una urgente revisión de los cuerpos legales que regulan la ley de infraestructura crítica y el uso de la fuerza, para adaptarlas a las condiciones de la ciudad.
2.- Se requiere el diseño y decreto de una ley de cárceles que ponga énfasis en la separación de reos, aislando a los involucrados en delitos asociados al crimen organizado, y sobre todo controlando rigurosamente la relación presencial con externos y, principalmente, anulando cualquier vínculo virtual con el exterior. Según la opinión de expertos eso es tecnicamente posible.
3.- Se requiere acabar su discusión y finalmente decretar la nueva ley de bancos empantanada por la derecha en el Congreso.
3.- Se requiere la creación de un potente aparato de inteligencia y contrainteligencia, en el Ministerio del Interior, especializado en la persecución al crimen organizado, capaz de “penetrar” las bandas delictuales en todos los espacios donde acusan presencia y especialmente en las cárceles.
4.- Para el diseño, la creación y operación de un aparato de estas características debieran colaborar todas las instituciones, civiles y especialmente militares, que tengan algo que aportar al respecto.
(Algunas de estas medidas se pueden aplicar administrativamente sin pasar por el congreso)
https://www.facebook.com/casa.quintil.5/videos/1623030278438060/
EDITORIAL
CASA QUINTIL
15 DE MARZO 2024
CARA Y SELLO DE UNA SEGURIDAD SOCIAL MILITARIZADA.
(1)
Causó sorpresa que un grupo de alcaldes de la Región
metropolitana liderado por Tomás Vodanovic fuera a La Moneda a pedir audiencia
con la ministra del interior para solicitar formalmente la incorporación de
militares en tareas de seguridad en zonas urbanas de la capital.
La sorpresa fue, el liderazgo asumido en esta ocasión, ante el levantamiento de tal solicitud por un alcalde de izquierda, aunque, no
por casualidad, desde hace algunos días este flamante alcalde entró a formar
parte del selecto grupo de precandidatos presidenciales.
En el mundo político se interpretó el suceso como que
la izquierda había cruzado el cerco y levantaba el pulgar a la aplicación en la
capital de una medida adoptada ya en el norte y en la llamada macrozona sur.
Producto del revuelo que tal hecho provocó
posteriormente, en una entrevista que dio el propio alcalde, aclaró que “sobre
la supuesta petición de apoyo militar a la policía civil se refería a hacer un
llamado de urgencia al Congreso para acelerar el proyecto ingresado por el
propio Gobierno de infraestructura crítica”
Ahora si nos estamos entendiendo.
Los puntos sobre las íes, si bien en la zona norte,
el crimen organizado está asociado al narcotráfico y la migración ilegal, y en
la macrozona sur, al robo de madera, la infraestructura crítica, por ello, es
identificable y está localizada.
Se trata de puestos fronterizos legales y
clandestinos en el norte y en el sur las carreteras; y, por otro lado, los
actos criminales involucran preferentemente a personajes incorporados a bandas
que se enfrentan entre ellos.
(En Europa, por su parte está asociado al terrorismo
internacional y se trata de aeropuertos).
Para abordar el tema bastaron sólo medidas
administrativas, aplicables en tiempos acotados, que con resquicios legales se
transforman en permanentes.
La militarización de la lucha contra el crimen
organizado en las grandes ciudades tiene otras características, pues éste está asociado
a la delincuencia y permea, directa o indirectamente, al conjunto de la ciudad,
involucrando a los ciudadanos.
Puede localizarse, por ejemplo, en un supermercado, o
en el caso de un portonazo, en las puertas de nuestras casas
Por ello y otras razones más complejas, que requieren
un mayor grado de desarrollo,(cuestión que haremos en el próximo editorial), para lograr los objetivos requeridos sin provocar
mayores temores y traumas sociales y políticos, es primordial, en primer lugar, adecuacuar las
leyes de “infraestructura crítica” y “uso de la fuerza”
Sólo en tales
condiciones podría tomarse en serio la solicitud de la delegación de alcaldes
liderados por Tomás Vodanovic.
Abordaremos esta y otras aristas del tema de seguridad, en la
próxima editorial, así como otras medidas, alternativas y/o complementarias,
que según nos ilustran los expertos, pueden ser tanto o más eficaces para
lograr los mismos propósitos, como una nueva “Ley de bancos” y una “ley de
cárceles”.
Especialmente la última, considerando que, a propósito
de lo mismo, la resolución de un desubicado juez nos dejó “marcando ocupado” a
todos, políticos y gendarmes incluidos.
https://web.facebook.com/casa.quintil.5/videos/999328828373817
EDITORIAL
CASA QUINTIL
9 DE MARZO 2024
GOBERNAR ES ADMINISTRAR. ¿ES POSIBLE BURLAR LA TRAMPA
DEL CONGRESO MINORITARIO?
1.- Lo rescatable en los primeros dos años de
Gobierno.
Concluíamos la editorial de la semana anterior que la
acción desarrollada durante los dos primeros años de gobierno centrada en gran
medida en el abordaje del tema de seguridad, (no considerado originalmente en
el programa) se había tomado la agenda, destacando los éxitos y logros
conseguidos al respecto.
También identificamos los logros alcanzados en la
administración eficiente de las instituciones que forman parte del aparato de
gobierno, soslayando las dificultades que los gestores debieron superar, esto
es, la inexperiencia y juventud de no pocos de los operadores de esta tarea, y
la, hasta ahora no superada, falta de articulación de la base política de
apoyo.
2.- ¿Es el tiempo de “tirar la toalla”?
Finalmente concluíamos que, en materia de
transformaciones el balance era deficitario considerando que los únicos logros
alcanzados, hasta ahora decían relación con la reforma a la ley del royalty y
la creación de la, (vía medidas administrativas y por lo mismo debilitada), empresa
nacional del litio, con efectos esperables en el largo plazo.
Nos preguntábamos también sobre la posibilidad de
revertir tal situación, y anunciábamos hacer una reflexión al respecto en esta
oportunidad.
Señalábamos que, en materia de transformaciones las
limitaciones para ejecutar lo prometido en el programa de gobierno estaban
determinadas por los condicionamientos establecidos en el propio programa: gradualidad y respeto a los equilibrios
macroeconómicos.
Ello, además
de la acción descarnada de un Congreso con mayoría opositora, decidida a actuar
con la lógica de “negar la sal y el agua”, y absoluto desprecio a “la lógica de
los acuerdos”.
En una
sorpresiva entrevista el diputado Gonzalo Winter fijó una posición al respecto,
dando por perdida la apuesta, aunque posteriormente matizó su discurso.
3.- A
propósito del respeto a los equilibrios macroeconómicos.
Personalmente
pienso que a mitad del Gobierno no se puede “tirar la toalla” y las dos
reformas en trámite (previsional y tributaria) hay que pelearlas hasta el final
en el Congreso, aunque salgan “mutiladas”, cerca del término del Gobierno se tendrá
algo que mostrar.
Es más, creo
que debiera introducirse al propio Congreso lo antes posible la tan anunciada
reforma en salud, centrada en la obtención de los recursos permanentes
requeridos para resolver de una vez por todas la “porfiada” lista de espera.
La clave de esta
apuesta debiera ser, por un lado, sin, abandonar el debate en el Congreso, ampliarlo
haciendo jugar un rol más activo a los potenciales beneficiarios de las leyes
en trámite y la ciudadanía en general, en un escenario donde, con elecciones “a
la vuelta de la esquina” y en el mediano plazo, ello se facilita.
¿El debate
ideológico?, por cierto, nunca debiera abandonarse, de lo que se trata aquí es
de, con astucia y habilidad política “caminar y mascar chicle”
Hay todavía
una segunda clave a la cual debieran comenzar a “ponerle cabeza los ideólogos”,
cual es flexibilizar la idea del respeto a los equilibrios macroeconómicos,
recordando que, en pandemia, y con Gobierno de derecha ocurrió aquello, con la
entrega de los bonos universales y la vacunación masiva.
Por cierto,
en ambos casos no se trataba de gastos permanentes y se decretaron con acuerdo
de la oposición de la época. Pero en el caso de la pensión garantizada
universal, la situación era diferente, igual Piñera la decretó al final de su Gobierno
“tirándole la pelota” a su sucesor.
En resumen,
recordando que, gobernar es administrar, las reformas aún mutiladas podrían
complementarse con medidas administrativas, la llave de aquello la tiene el
propio Gobierno, aunque ello le caerá mal al ministro de hacienda.
Esta será, por otro lado, la única forma de hacer algo en relación al CAE, donde los beneficiarios directos son un millón de jóvenes con derecho a voto.
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